El candidato a la alcaldía de Lima fue investigado por recibir 37.500 dólares de un directivo de un grupo farmacéutico entre el 2010 y 2011. Heresi dijo que los pagos fueron por asesorías, pero nunca especificó los servicios. Dos años después, la empresa fue beneficiada por la Municipalidad de San Miguel.
Una noche de agosto último, el candidato Salvador Heresi subió sonriente al escenario levantado en un coliseo de Magdalena para repetir ante decenas de simpatizantes la coreografía del videoclip al que atribuye su ascenso en las encuestas. Estaba vestido con una casaca tricolor, jeans y zapatillas, un atuendo cómodo para el ajetreo de la canción. El tema empezaba al son de una cumbia y terminaba con la letra de un rap: “Para qué votar por alguien que no da la cara, que no tiene cuentas claras, que no explica, que no habla”. No era difícil imaginar que el dardo estaba dirigido a sus rivales en la contienda por la alcaldía de Lima, pero si alguna frase podía jugarle una mala pasada era esa: hasta ahora Heresi ha intentado despejar cualquier sospecha sobre su patrimonio personal, sin embargo, un nuevo hallazgo periodístico revela su desconocida relación con la multinacional Eske Corporation y el pago de 37.500 dólares que originó una investigación por lavado de activos en diciembre del 2011.
La Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado investigó al alcalde de San Miguel por este delito a raíz de que el sistema de inteligencia financiera reportó como sospechoso un monto de 37.500 dólares (unos 100 mil soles) en su cuenta del Banco de Crédito. Aunque Heresi nunca rindió su manifestación por este caso, presentó escritos en los que aseguró que recibió este dinero, cinco cheques por 7.500 dólares cada uno del ciudadano indio Rajan Bandekar, por un servicio de “asesoría jurídica” prestado entre el 2010 y el 2011, durante su segunda gestión como alcalde de San Miguel.
Bandekar había enviado el dinero a través de su empresa RB Consultants, con sede en India. Estas cinco transferencias -realizadas el 19 de mayo, 4 de agosto, 10 y 27 de noviembre del 2010, así como el 22 de junio del 2011- fueron reportadas a fines del 2011 a la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, que inició las pesquisas por lavado de activos de la corrupción. Los pagos se realizaron durante la misma época en que el alcalde de San Miguel era investigado por enriquecimiento ilícito, a raíz de las compras inmobiliarias que él realizó entre el 2003 y el 2009. Los detalles de este caso pasaron desapercibidos hasta ahora.
¿Quién es Rajan Bandekar y por qué hizo estos depósitos? OjoPúblico ha establecido que este ciudadano indio, a quien el alcalde reportó como su cliente, ha sido director del laboratorio multinacional Eske Corporation, que tiene su sede principal en Lima desde 1999. En el Perú, Eske Corporation es una sociedad fundada por dos ciudadanos indios y el peruano Marco Hurtado Pazos (actualmente regidor de San Borja). Bandekar figuró como uno de sus directores entre 1997 y 2011.
Apenas se inició la investigación por las transferencias bancarias, la procuradora de Lavado de Dinero, Julia Príncipe, pidió que se efectúen las pericias contables sobre el depósito de 37.500 dólares y sobre otros ingresos en las cuentas bancarias de Heresi. También solicitó que se levantara el secreto bancario y tributario del alcalde entre el 2009 y el 2012 y se profundizara en su relación con el indio Bandekar y Eske Corporation. Por aquel entonces el alcalde de San Miguel estaba vinculado con este grupo empresarial ya que ambos habían firmado un convenio en el 2008 para implementar el programa de entrega de medicamentos denominado Botica de Sol.
Sin embargo, ni la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado ni la Dirección contra la Corrupción de la Policía tomaron en cuenta los pedidos de la procuradora. La defensa del alcalde Heresi solo presentó escritos a la fiscalía en los que negó que tuviera algún conflicto de interés con esta corporación farmacéutica. Sin embargo, el fiscal del caso, Walter Milla, nunca citó al burgomaestre ni al indio Bandekar para que rindieran su manifestación. Tampoco llamó a los hermanos del alcalde, Cecilia y Carlos, comprendidos en la investigación, pero no por los depósitos bancarios sino por una serie de inmuebles comprados en San Isidro, Miraflores y Magdalena.
En mayo del 2012, la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado archivó el caso por lavado con el argumento de que los hechos ya habían sido investigados en el expediente por enriquecimiento ilícito cerrado un año antes en la Fiscalía de la Nación. La procuradora Príncipe apeló esta medida debido a que los depósitos bancarios de Bandekar no fueron considerados en las pesquisas, ni los peritajes sobre el patrimonio de Heresi y demás diligencias elementales que extrañamente la fiscalía y la policía no realizaron. Aún así la investigación fue cerrada.
Hasta ahora se desconoce qué tipo de servicios legales dio el alcalde al directivo de Eske Corporation a cambio de los 37,500 dólares. OjoPúblico intentó consultar sobre este tema al propio Salvador Heresi, pero sus voceros señalaron que no daría una entrevista a este medio, por estar en actividades de campaña electoral.
El alcalde Salvador Heresi modificó un convenio para que Eske Corporation ocupara el inmueble en donde funcionaba el policlínico de la Municipalidad de San Miguel.
El centro de hemodiálisis
Pero el nexo entre Heresi y Eske Corporation no desapareció tras la investigación por lavado de activos. El último episodio de esta relación salió a la luz el 4 de diciembre del 2013. Esa mañana el alcalde de San Miguel inauguró un centro de hemodiálisis municipal en un edificio de la avenida La Paz que presentó como un ejemplo de asociación público-privada, con apoyo de dos ONG: The Wheelchair Project Perú y Manos Fuertes (esta no figura en ningún documento de este caso). El problema es que tal asociación nunca existió formalmente. En realidad, lo que el alcalde inauguró fue un centro de salud privado en un local municipal. El negocio pertenecía nada menos que a la empresa vinculada a Rajan Bandekar, Eske Corporation.
¿Cómo se llegó a esta situación?
OjoPúblico ha encontrado que el 23 de mayo del 2013 el alcalde Salvador Heresi modificó un convenio de cooperación para que, sin pasar por un concurso público, Eske Corporation ocupara el inmueble donde hasta entonces funcionaba el policlínico de la municipalidad. Ese día, con el voto favorable de todo el concejo municipal de San Miguel, Heresi incluyó una adenda al convenio de cooperación interinstitucional que tenía con la asociación The Wheelchair Project Perú, administradora de los servicios de salud de la municipalidad. Por medio de este documento, la ONG podía firmar compromisos con terceros, dirigidos a ampliar la oferta de prestaciones en locales que supuestamente no eran utilizados por la comuna.
El acuerdo de concejo 039-2013 no especificaba la creación de un centro de hemodiálisis, y mucho menos la mudanza del policlínico, pero esto fue lo que ocurrió apenas se firmó la adenda al convenio: el presidente de The Wheel Chair Project Perú, John Olivera Vilcapoma, cedió en uso el local al gerente general de Eske Corporation en Lima, Marco Hurtado Pazos. De inmediato, la empresa remodeló los ambientes, compró 18 máquinas dializadoras y tramitó la licencia de funcionamiento y permisos sanitarios. Seis meses después, el alcalde Heresi inauguraba el centro de hemodiálisis y lo presentaba como una de las mejores obras de su gestión.
El problema es que el procedimiento que utilizó para la creación de este servicio no es el que indica la ley. “Un municipio no puede ceder en uso sus bienes y servicios a una empresa privada (como Eske Corporation) mediante la modificación de un convenio (de cooperación) con una ONG. Las normas de contratación del Estado lo obligan a convocar a un proceso de selección”, explicó el abogado especializado en Derecho Municipal, Julio César Castiglioni.
La administración de Heresi no solo facilitó a Eske Corporatión el edificio de la avenida La Paz (a través de la ONG The Wheel Chair Project Perú) sino también promovió y recibió una donación de 50.000 dólares de la Embajada de Turquía, destinada finalmente a implementar el centro de hemodiálisis que hoy administra la corporación farmacéutica. La recepción del dinero y el agradecimiento del municipio de San Miguel quedaron registrados en un acuerdo de concejo publicado el 26 de noviembre del 2013.
OjoPúblico solicitó desde el martes entrevistas para aclarar el tema con el alcalde Salvador Heresi, el gerente general de Eske Corporation, Marco Hurtado, y el presidente de la ONG The Wheelchair Project Perú, John Olivera. Al cierre de este informe, el único que respondió fue Olivera.
El representante de la ONG justificó que Eske Corporation ocupe el local del policlínico de la municipalidad y figure como titular de los permisos sanitarios y la licencia de funcionamiento: "Nosotros tenemos un convenio con ellos (la farmacéutica). Como ONG no podemos participar en ningún tipo de licitación para trabajar con el Ministerio de Salud o Essalud. Por esa razón, se puso los permisos a nombre de la empresa, pero nosotros somos los administradores del servicio”, alegó.
Los ingresos privados
Salvador Heresi es un abogado activo y atribuye sus ingresos privados a su ejercicio profesional. Según sus declaraciones juradas del 2003 al 2012, reveladas por el buscador Cuentas Juradas de OjoPúblico, desde que ocupa la alcaldía de San Miguel, sus ingresos privados se han incrementado hasta los 21 mil soles mensuales. Es decir, como asesor jurídico Heresi gana más del doble de su sueldo de alcalde. Pero el candidato de Perú Patria Segura hasta ahora no ha revelado quiénes son sus clientes, con excepción del indio Rajan Bandekar, cuya identidad fue conocida durante la investigación por lavado de activos que se le abrió hace dos años.
Aquella no fue la única vez que el origen de su patrimonio estuvo bajo sospecha. El 2009, la Fiscalía de la Nación lo investigó por enriquecimiento ilícito luego de que el programa televisivo Cuarto Poder revelara que adquirió -sin recurrir a un préstamo bancario- dos departamentos y tres cocheras en San Isidro, otra casa en el mismo distrito y una casa más en el balneario de Asia.
Durante dicha indagación fiscal, Heresi dijo que un amigo le prestó dinero para sus inversiones inmobiliarias y que su entonces esposa, Graciela Salinas Díaz, funcionaria del Gobierno Regional del Callao, cubría sus gastos domésticos. El caso se archivó en febrero del 2011, igual suerte corrió la investigación por lavado, pese a que no se hicieron los peritajes elementales sobre los depósitos de Rajan Bandekar, como se explica al inicio de este artículo.
Al menos en el papel, Heresi solo conserva hoy a su nombre uno de los departamentos, las dos cocheras y la casa, todos ubicados en San Isidro, según los Registros Públicos. Los demás bienes pasaron a manos de Graciela Salinas tras su divorcio. Lo curioso es que todas las propiedades a nombre del alcalde están ahora como garantía de una hipoteca con dos bancos por 847 mil soles. Con ese dinero, Heresi dijo haber comprado acciones, pero no indicó en qué empresas. Por el contrario, ha insistido en que los cuestionamientos son parte de una campaña de demolición dirigida por sus adversarios.
Más que entrevistas sobre la investigación por enriquecimiento y lavado, el alcalde prefiere por estos días bailar al son de esa cumbia con final de rap que hoy suena más reveladora que nunca: “Para qué votar por alguien que no da la cara, que no tiene cuentas claras, que no explica, que no habla”.
