El primer indicador sobre la transparencia de una autoridad es la declaración jurada que hace sobre sus ingresos y patrimonio. Es un documento que permite conocer en qué condiciones llega al poder y vigilar su estado cuando lo entregue. Es un procedimiento tan importante que en el 2007 el Tribunal Constitucional lo reconoció como “uno de los mecanismos más efectivos de prevención de la lucha contra la corrupción”. Con el fin de aportar a ese esfuerzo, OjoPúblico presenta CUENTAS JURADAS, una aplicación periodistica que permite hacer una revisión histórica sobre las declaraciones de los 38 alcaldes distritales de Lima que aspiran a la reelección y de 23 antiguas autoridades que quieren volver a gobernar tras las próximas elecciones municipales de octubre.

CUENTAS JURADAS es un esfuerzo de OjoPúblico en alianza con Suma Ciudadana, una ONG que promueve la transparencia de la información del Estado. Se trata del primer análisis evolutivo sobre los bienes e ingresos declarados por autoridades locales de Lima a lo largo de una década. No es necesariamente lo que tienen en realidad, sino lo que esas autoridades o quienes pretenden volver a serlo nos han querido contar. Aún así, es información que dice mucho: un alcalde que declara poseer una cochera por un valor equivalente a dos meses de alquiler, un candidato que asegura haberse empobrecido en el cargo a pesar de tener empresas prósperas, otro aspirante que dice haber heredado una casa que en otro registro público aparece como una donación. Detalles que debemos conocer antes de elegir.

El punto de partida de este análisis es el año 2003. La razón es que solo a partir de ese año entró en vigencia esta obligación para los funcionarios públicos.  Si bien la existencia de este mecanismo se remonta a los años treinta del siglo pasado, recién fue consagrada en la constitución de 1993. Sin embargo, durante los noventa el gobierno fujimorista mantuvo en el limbo la aprobación de la ley y del reglamento necesario para hacerla efectiva. Fue otra de las oscuridades de esa época, que solo pudo ser superada con la aprobación de ambas normas en el 2001, durante el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua. El proceso para implementarlas tomó todo el año siguiente, de modo que lo que se tiene ahora es un panorama que abarca desde el 2003 hasta la primera declaración del 2014.

El contexto de las elecciones propicia una serie de preguntas: ¿Qué es lo que deben declarar los candidatos? ¿Deben declarar todo o solo parte de lo que tienen? Y sobre todo: ¿tenemos derecho los ciudadanos a conocer esa información? La respuesta consta por escrito en la citada sentencia del propio Tribunal Constitucional, que se pronunció a favor de la publicación periódica, detallada y completa de los ingresos y rentas de los funcionarios y servidores públicos: “al estar disponible dicha información, los incentivos para malversar los fondos públicos disminuirían considerablemente ante la amenaza de ser descubierto”.

La herramienta CUENTAS JURADAS busca aportar a ese objetivo. Es una base de datos elaborada con la información obtenida mediante pedidos de transparencia a la Contraloría General de la República (CGR) realizados durante meses por la ONG Suma Ciudadana, complementada con las hojas de vida presentadas por los candidatos a las elecciones de octubre ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El resultado es un buscador en que cualquier persona puede consultar la evolución histórica del patrimonio o los ingresos del personaje que le interese.

El análisis de esta información ha permitido a OjoPúblico llegar a una serie de indicios interesantes, que van desde alcaldes que han registrado un aumento significativo de su patrimonio en el tiempo en que ejercieron sus funciones hasta aquellos que simplemente no han mostrado la menor intención de ser transparentes con la población a la que han pedido un voto de confianza. En el medio hay candidatos que no necesariamente han declarado todo lo que tienen o los ingresos que perciben, e incluso algunos que manifiestan información diferente ante distintos organismos del Estado. Cabe preguntarse quién es menos transparente: quien declara algo inexacto o quien nunca declara nada.

Lejos de ser un tema periodístico coyuntural, CUENTAS JURADAS es una herramienta diseñada para permanecer en el tiempo y enriquecerse con futuros  pedidos de acceso a la información pública y, sobre todo, con el aporte de los ciudadanos que estén alertas de posibles incongruencias entre lo declarado por sus representantes locales y la realidad. En ese sentido, OjoPúblico hace un llamado a los lectores para que nos remitan cualquier información relevante y documentada que nos permita detectar esos casos y eventualmente iniciar nuevas investigaciones periodísticas.

*Ilustración: Alonso Núñez