Diez autoridades 'perdieron' bienes mientras estuvieron en el cargo. Sin embargo, tres de ellos -Felipe Castillo, Carlos Burgos y Jorge Barthelmess- son investigados por enriquecimiento ilícito y corrupción.

Las declaraciones juradas de las autoridades no han sido espejos fiables de sus bienes e ingresos. El análisis de OjoPúblico sobre los documentos que los 43 alcaldes de Lima enviaron a la Contraloría revela que diez de ellos disminuyeron su patrimonio durante sus años de ejercicio del poder. Sin embargo, cinco de estos personajes tienen investigaciones por enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción.

Tres alcaldes registran procesos judicializados en curso por estos delitos: Felipe Castillo Alfaro (Los Olivos), Carlos Burgos Horna (San Juan de Lurigancho) y Jorge Barthelmess Camino (San Bartolo). La fiscalía también investigó por corrupción a Óscar Benavides Majino (Ate) y Rafael Santos Normand (Pueblo Libre), aunque sus casos se archivaron en los dos últimos años, según el procurador anticorrupción, Christian Salas.

El alcalde de Los Olivos y actual candidato a la alcaldía de Lima por Siempre Unidos, Felipe Castillo, redujo en 31% su patrimonio reportado entre el 2003 y 2014. Es decir, su fortuna pasó de 607.128 soles a  419.706 soles en doce años consecutivos de gobierno distrital.

Sin embargo, Castillo, procesado por malversación de fondos, no colocó la totalidad de sus bienes en su declaración jurada de este año. En este documento consignó solo una casa en la avenida El Trébol de Los Olivos, dos terrenos en el balneario de Santa Rosa, un auto y 144.643 soles en el rubro de montos protegidos por la reserva bancaria.

Le faltó incluir un edificio en la avenida Angélica Gamarra de Los Olivos y dos terrenos en La Molina. Ayer, en una entrevista telefónica con OjoPúblico, el propio alcalde reconoció que estas propiedades le pertenecen desde hace quince años, aunque desde el 2013 figuran solo a nombre de su esposa  en los registros públicos. “Sí, tengo seis propiedades. Finalmente, todo lo que ella posee también es mío (…) Muchos saben desde hace años que estos bienes me pertenecen”, dijo.

Felipe Castillo, médico y propietario de una clínica, enfrenta un juicio por el desvío de 16,6 millones de soles destinados a obras sociales de su municipio para la construcción de una universidad en la que pretendió ser rector. La Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Norte ha pedido nueve años de cárcel para él por este caso.

“Sí, tengo seis propiedades. Finalmente, todo lo que mi esposa posee también es mío (…) Muchos saben desde hace años que estos bienes me pertenecen”
- Felipe Castillo Alfaro, alcalde de Los Olivos 

Una mentira sistemática

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, mintió sobre la totalidad de los bienes que poseía en las seis declaraciones juradas continuas que presentó ante la Contraloría. Al iniciar su gestión en el 2007, Burgos aseguró que su patrimonio estaba valorizado en 778.490 soles. Este incluía una casa en la urbanización Villa Jardín de San Luis con un valor de 416.000 soles, una camioneta rural de 78.720 mil soles y un monto de 182.330 soles en el rubro ‘otros’, protegido por la reserva bancaria. Sin embargo, el alcalde no consignó sus acciones en tres empresas donde hasta hoy es gerente general: Publicidad y Servicios Generales Boga, Intermovil y Publibur.

Entre el 2008 y el 2012, Burgos declaró como única propiedad su vivienda en San Luis, pero subvaluó su valor a 129.000 soles. El 31 de enero del 2012, la última vez que presentó una declaración jurada a la Contraloría, el alcalde señaló que su patrimonio llegaba a 282.432 soles. Es decir, disminuyó  en 65% con relación a los 778.490 soles que había declarado en el 2007. Pero este “empobrecimiento” solo ocurrió en el papel.

La Contraloría no detectó sus omisiones y solo recién el año pasado, a raíz de la denuncia de un congresista, la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito. Los primeros peritajes revelaron que la fortuna de Burgos, quien también es procesado por lavado de activos,  superaba los 10 millones de soles sin tomar en cuenta lo hallado a nombre de sus presuntos testaferros. El alcalde creó seis empresas desde que llegó al cargo en el 2007 y a través de ellas hizo importantes movimientos de dinero.

Además, Carlos Burgos, quien insiste en promover su reelección pese a la tacha del JNE a su candidatura por Solidaridad Nacional, no ha podido sustentar ante la fiscalía el origen de 739 mil soles en transacciones financieras.

Su colega de San Bartolo y compañero de partido Jorge Luis Barthelmess, que también postula a la reelección, solo ha presentado dos veces sus declaraciones juradas en once años consecutivos de gobierno. El 2010 consignó un patrimonio de 102.785 soles, compuesto por dos terrenos en Piura y un auto. Al año siguiente, declaró los mismos bienes, pero les atribuyó un valor de 77 mil soles, es decir 25% menos de lo inicialmente atribuido.

La Fiscalía de la Nación investiga a Barthelmess por enriquecimiento ilícito por un presunto desbalance de 200 mil soles en sus ingresos y egresos financieros detectados el 2013. Barthelmess enfrenta también denuncias por lavado de activos y colusión en agravio del Estado. Esta última se refiere a la venta de un terreno del Ministerio de Vivienda basado en una norma derogada con el fin de favorecer a un grupo de empresarios.

Un control ineficaz

Los casos de los alcaldes Castillo, Burgos y Barthelmess evidencian un problema de fondo: la Contraloría carece de un sistema de fiscalización eficaz del contenido de las declaraciones juradas para prevenir o detectar casos de enriquecimiento ilícito u otras formas de corrupción en las autoridades.

El gerente del Departamento de Prevención de la Corrupción de la Contraloría, Fernando Ortega, es el encargado de recibir y fiscalizar cada año más de 40 mil declaraciones juradas de los funcionarios públicos, entre ellas las de los alcaldes, pero carece de un equipo de peritos dedicado a contrastar lo declarado con la realidad. OjoPúblico quiso conocer las razones de este problema, pero Ortega rechazó una entrevista para esta nota.

La Contraloría no cruza su información ni siquiera con las propias bases de datos del Estado, como la que posee la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Tampoco trabaja en coordinación con la Oficina de Enriquecimiento Ilícito adscrita al despacho del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Tan grave como esto es que en los trece años de vigencia de la ley de declaraciones juradas no existe antecedente alguno de que  la Contraloría haya aplicado las sanciones administrativas previstas (desde la amonestación verbal o escrita y la suspensión sin goce de remuneración hasta la destitución del cargo) contra quienes se resisten a presentar estos documentos. Además, el Código Penal tampoco castiga esta omisión. 

Los últimos cambios legales aprobados en enero de este año le dan a la Contraloría mayores facultades sancionadoras, pero atentan contra  la política  de transparencia del Estado porque la mayor parte del contenido de las declaraciones juradas ha pasado a ser confidencial. La sección pública será en adelante aquella que apruebe la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el nuevo reglamento. “Esto contradice los artículos 40 y 41 de la Constitución en los que se ordena que los funcionarios del Estado realicen declaraciones juradas de su patrimonio y que todo su contenido sea público. Se ha legalizado una tendencia al secretismo”, apunta el abogado constitucionalista, Roberto Pereyra.

Los que se salvaron

Si se recortara el acceso público a las declaraciones juradas, los ciudadanos no se enterarían de que, por ejemplo, el alcalde de Ate, Óscar Benavides Majino, postulante a la reelección por Solidaridad Nacional, ha reportado este año haberse desprendido de la totalidad de sus bienes.

Entre el 2003 y 2006, Benavides, propietario de una funeraria, declaró una fortuna de 4’412.400 soles, compuesta por una casa en Ate, cuatro locales en La Victoria y Lince, cuatro terrenos en Surco, San Juan de Lurigancho y La Molina, dos capillas ardientes y cinco camionetas. Pero en el 2011, cuando retornó al cargo, no volvió a consignar estos bienes. Solo reportó su vivienda en Ate valorizada en 200 mil soles.

En su declaración jurada de este año, el alcalde solo declara como patrimonio su sueldo de 9.750 soles en el sector público y 30.000 soles en el privado. La Fiscalía lo investigó por enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción en los últimos tres años, pero los casos se archivaron. El mismo destino tuvieron las denuncias por lavado de activos y peculado contra el alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos Normand, quien redujo en 49% su patrimonio declarado entre el 2007 y 2013.

Cuando asumió por primera vez el cargo, Santos reportó 862 mil soles como valor total de su fortuna. En este monto estaba comprendido un departamento en San Isidro, tres terrenos en Cañete, dos camionetas y 576.000 soles en el sistema financiero. Pero el año pasado declaró tener solo 432.747 soles de patrimonio.

Si bien desde el 2008 sumó a sus inmuebles una casa en Pueblo Libre, sus ahorros en el sistema financiero se redujeron a 6.500 soles en su declaración jurada. Rafael Santos postula a un tercer período consecutivo de gobierno en Pueblo Libre y pertenece a las filas del Partido Popular Cristiano.

Los alcaldes Alfredo Valcárcel (Chaclacayo), Ricardo Castro (San Luis), Marco Álvarez (San Borja) y Enrique Peramás (Rímac) completan la lista de autoridades que disminuyeron su patrimonio durante el ejercicio del cargo. Todos pretenden reelegirse en los comicios del cinco de octubre. 

*Fotos: Cortesia Perú21