Durante años las declaraciones juradas han sido recogidas por las entidades públicas sin que se haya exhibido resultados importantes de control. En ese sentido, ha sido clave la voluntad de buscar el apoyo de la ciudadanía para alcanzar estas metas, mediante mayor acceso a información. Por ejemplo, el llamado sin precedentes que hizo el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el juez Francisco Távara, solicitando ayuda de la ciudadanía para fiscalizar las declaraciones juradas de los candidatos a cargos políticos ha resultado en una experiencia útil y de enorme potencial de cara al futuro.

En el caso de las declaraciones juradas patrimoniales que los funcionarios públicos están obligados a firmar durante sus respectivas gestiones, la Contraloría General de la República (CGR) está empezando a dar pasos, aunque tímidos aún, en el mismo sentido. Es un hito que una entidad tan importante como la CGR cumpla el estándar de transparencia de las declaraciones juradas patrimoniales señalado en varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Un aspecto fundamental del uso abierto y creativo de los instrumentos de control por la ciudadanía es que permite identificar áreas de mejora. Hasta que el JNE no entregó a la ciudadanía la totalidad de la data contenida en las declaraciones juradas de los candidatos, era información inútil o de corto alcance. La ciudadanía le dio valor y el JNE ahora puede proponer con autoridad reformas importantes a los procesos electorales. En primer término el JNE debe establecer normativamente el predominio del derecho de la ciudadanía a obtener la máxima información personal de quienes por su propia decisión e interés han decidido exponerse ante el público en busca de su confianza.

Luego el JNE debe institucionalizar una política nacional de datos abiertos sobre los candidatos. Una decisión de este tipo obliga a revisar la idoneidad de la data recolectada y también a su homogenización con instrumentos de control similares. Por ejemplo, debería hacerse compatibles los datos patrimoniales que administra el JNE con aquellos que tiene la CGR para mejorar la calidad de las evaluaciones masivas. Los datos con que cuenta Sunat también deberían entrar en este proceso.

"Nuestro examen ha permitido evidenciar que la Contraloría no cuenta en sus archivos con el 100% de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos"

En el caso de las declaraciones juradas patrimoniales ocurre lo mismo. A pesar de que acopia toda esta información, la CGR no es un actor relevante para la indagación del enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, las resoluciones de la Fiscalía de la Nación que concluyen con la inexistencia de indicios de enriquecimiento ilícito de los ex presidentes Alan García y Alejandro Toledo no exhiben ninguna información proveniente de la CGR. No es gratuita esta realidad. Nuestro examen ha permitido evidenciar que la CGR no cuenta en sus archivos con el 100% de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. También se ha observado una importante tasa de incumplimiento de los plazos de presentación de ese instrumento, errores e inconsistencias recurrentes en la forma de consignar la data, así como incoherencias entre los montos parciales y los montos totales declarados. También se ha hecho fehaciente la incongruencia de mantener ciertos datos financieros bajo reserva, dado que vuelven inexplicables los datos públicos. Esto ocurre porque la CGR acopia más de treinta mil declaraciones juradas al año pero no cuenta con un sistema informático que organice la data en tiempo real y que evidencie y explique la evolución del patrimonio de los funcionarios a lo largo de su historia, siguiendo las exigencias de control estatal y ciudadano. Pero ahora es posible empezar el proceso de mejora.

¿Cómo avanzar? Si bien suena paradójico -aunque es muy frecuente a nivel mundial-, luego de haber propiciado el acceso a información pública no se genera el efecto ‘bola de nieve’ que lleva a la entidad pública a liberar más data, a ensanchar los grupos de interés, a generar nuevos datos y nuevas herramientas de análisis. Para que las iniciativas del JNE y de la CGR se sostengan y reditúen en una mejora del control, sus funcionarios deben creerse la filosofía de la transparencia. Deben convencerse de que están haciendo camino al andar en el siempre complejo servicio a la nación. En ese sentido, luego de haber brindado la data a la ciudadanía y luego de que ésta la ha utilizado generando herramientas de análisis y expuesto sus resultados, a estas entidades les toca ‘ponerse las pilas’ nuevamente. Deben apropiarse del modo de trabajar de la sociedad civil y los desarrolladores (hackers cívicos) e innovar en el análisis y gestión transparente de la información.

Un JNE y una CGR ‘inteligentes’ podrían ser los líderes del gobierno abierto del Perú generando una competencia sana con la ciudadanía para ver quién controla mejor a los funcionarios públicos y a los candidatos a cargos políticos. Ambas entidades podrían también promover que otras liberen sus propias bases de datos mediante una coordinación adecuada, por ejemplo en el seno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. La coordinación es importante porque el suelo no está parejo en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el Congreso de la República ha publicado una nueva ley de declaraciones juradas patrimoniales que elimina el acceso de la CGR y la sociedad a los bienes de los cónyuges o convivientes de los declarantes. No obstante, estas experiencias podrían ayudar a revertir dicha norma. La ciudadanía está a la expectativa.