El próximo paso tras las revelaciones de Cuentas Juradas podría y debería ser la activación de los mecanismos de defensa del Estado. Por lo menos algunas procuradurías están receptivas ante posibles nuevos indicios para sus pesquisas. En una entrevista para este especial, el procurador anticorrupción Christian Salas reconoció que la herramienta de OjoPúblico que muestra la evolución del patrimonio de los alcaldes brinda información relevante para las investigaciones de su despacho contra tres autoridades distritales y otros casos de presunto enriquecimiento ilícito. “Las redes de la corrupción son complejas y tenemos que estar preparados para rastrearlas”, dijo Salas.

El impacto es considerable, ya que por estos días varios alcaldes enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito (Carlos Burgos, de San Juan de Lurigancho; Jorge Barthelmess, de San Bartolo; y Roberto Gómez Baca, de Surco), o están en juicio por colusión y malversación de fondos (Enrique Ocrospoma, de Jesús María; Felipe Castillo, de Los Olivos), y aún así pretenden reelegirse en los comicios del 5 de octubre. Castillo incluso aspira a la alcaldía de Lima. Son casos en los que la vigilancia de las declaraciones juradas resulta un elemento de juicio adicional. Así lo entiende también la procuradora de Lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, quien admite que Cuentas Juradas proporciona indicios, que luego deben ser cruzados con otras bases de datos y peritajes.

Hasta ahora, el procedimiento usual era que el despacho de Príncipe Trujillo enviara un oficio a la Contraloría para pedir información sobre los personajes que investiga, entre los cuales hay varios candidatos de este proceso electoral. El problema es que se trataba de un pedido a ciegas, es decir, sin saber qué resultados esperar. Con esta aplicación, por el contrario, la procuraduría podría realizar una pesquisa inicial para saber qué información resulta realmente importante. “Nos facilita el trabajo”, dijo la procuradora ante una consulta de este portal.

“Las redes de la corrupción son complejas y tenemos que estar preparados para rastrearlas”.

—Christian Salas, procurador anticorrupción.

Si bien el control de las declaraciones juradas no cierra el círculo de la lucha contra la corrupción en el Estado, una herramienta como Cuentas Juradas está pensada para fortalecer el sistema. Debe tenerse en cuenta que el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Contraloría, instancia encargada de recibir y fiscalizar cada año más de 40 mil declaraciones juradas de funcionarios públicos, carece de un equipo de peritos dedicado a contrastar lo declarado con la realidad. La Contraloría tampoco trabaja en forma coordinada con la Oficina de Enriquecimiento Ilícito adscrita al despacho del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos, pues hasta hoy no existen antecedentes de que este organismo haya aportado información proveniente de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos para investigaciones por desbalance patrimonial u otras formas de corrupción.

Los beneficios se van a ver con el tiempo, pero un primer aliciente es que la aparición de Cuentas Juradas ha obligado a los alcaldes y ex alcaldes que aspiran a un cargo público en las elecciones de octubre a ser transparentes y explicar el origen de sus bienes e ingresos. Fernando Tuesta piensa que es un indicio razonable, sobre todo en los casos en que se registra un aumento de patrimonio, si se tiene en cuenta que la función de alcalde se ejerce a tiempo completo. “Pueden darse casos en que los alcaldes ahorraron e invirtieron su dinero sin necesariamente incurrir en irregularidades”, precisó el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para este especial. En cualquier caso, según Tuesta, los candidatos deben mostrar cómo alcanzaron su progreso financiero para esclarecer cualquier duda de sus electores.